La ley Finn protegerá a los perros y caballos policía en Reino Unido

Finn, un perro policía que fue salvajemente atacado cuando perseguía a un criminal, pasará a la historia como el animal que consiguió que sea delito causar sufrimiento innecesario a los animales de servicio en Reino Unido. Es la nueva ley Finn

Tras una campaña que ha durado tres años, la ley Finn es por fin una realidad. A partir de ahora, en Inglaterra y Gales, cualquier acto que «cause sufrimiento innecesario» a un animal de servicio, se considerará delito.

La propuesta para la modificación de la Ley de bienestar animal de Reino Unido, obtuvo el pasado 8 de abril el «Royal Assent«. Se trata de una Aprobación Real a partir de la cual, la normativa contempla un apartado específico sobre el «daño a animales de servicio».

Esta nueva ley Finn incluye a los perros y caballos utilizados por los cuerpos de policía y ha sido posible gracias al empeño de Dave Wardell, el agente de policía y cuidador de Finn.

El caso Finn

La ley Finn llega tras tres años de dura lucha que emprendió Dave Wardell en 2016, tras el apuñalamiento de su compañero canino durante un servicio.

Dave y Finn acudieron a una llamada informando de un robo en Stevenage. Durante la persecución del sospechoso, el perro consiguió atraparle, sujetándole por una pierna mientras intentaba escapar saltando una valla.

El sospechoso, de tan solo 16 años, apuñaló brutalmente al perro en la cabeza y en el costado. Pero este no soltó su presa y llegaron más agentes a la escena que consiguieron arrestar al individuo. Dave también resultó herido en una mano durante el incidente.

Finn estuvo a punto de morir por las heridas infligidas. Afortunadamente consiguió recuperarse y volvió al servicio activo 11 semanas después. Se retiró en marzo de 2017.

El vacío legal que provocó la campaña

El caso de Finn también puso de manifiesto un problema legal importante en la legislación británica. A pesar de la gravedad del ataque, el agresor no pudo ser condenado por maltrato animal en los términos que muchos esperaban.

Esto se debía a que la legislación permitía alegar que el sospechoso actuó en defensa propia frente a un animal, ya que el perro estaba interviniendo para detenerle. En la práctica, esto provocaba una situación paradójica: aunque el perro estaba trabajando como parte de una intervención policial, la agresión podía quedar jurídicamente reducida a un daño contra una propiedad policial, y no a una agresión contra un animal de servicio.

Este vacío legal generó una gran indignación entre policías, organizaciones de bienestar animal y ciudadanos. Fue precisamente esta situación la que impulsó la campaña conocida como Finn’s Law, liderada por el propio guía del perro, Dave Wardell.

Qué cambió exactamente la ley Finn

La campaña consiguió que el Parlamento británico aprobara en 2019 la Animal Welfare (Service Animals) Act 2019, conocida popularmente como “Finn’s Law”.

Esta norma introdujo un cambio muy importante:
cuando se agrede a un animal de servicio —como un perro o caballo policial— ya no se puede utilizar la defensa propia frente al animal como argumento legal automático.

En otras palabras, la ley reconoce que estos animales actúan bajo el control de sus guías y forman parte de una intervención policial o de emergencia. Por tanto, atacar al animal durante ese servicio deja de poder justificarse simplemente alegando que el agresor se defendía del perro.

La ley se aplica a animales de servicio utilizados por cuerpos policiales y otros servicios de emergencia.

¿Y qué ocurre en España?

El caso de Finn suele citarse también en el debate jurídico en España sobre la protección de los perros policiales.

Actualmente, según el Código Penal de España, agredir a un perro policía puede encajar en distintos delitos dependiendo de las circunstancias: desde maltrato animal hasta atentado contra agente de la autoridad si la agresión se produce durante una intervención policial.

Sin embargo, los perros policiales no tienen todavía un reconocimiento legal específico como animales de servicio dentro del Código Penal, lo que en ocasiones puede generar interpretaciones distintas en los tribunales.

Por eso, algunos juristas y asociaciones policiales consideran que el modelo británico surgido tras el caso de Finn podría servir como referencia para reforzar la protección legal de los perros que trabajan en las unidades caninas.